El Gobierno de China expresó este jueves su fuerte insatisfacción ante las recientes declaraciones de Estados Unidos sobre la soberanía del puerto peruano de Chancay. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, calificó las advertencias de Washington como una «fabricación y difamación flagrantes» contra el proyecto. Esta reacción surge tras las críticas vertidas por el Departamento de Estado de EE. UU. respecto a la propiedad china de la infraestructura.
La oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EE.UU. advirtió previamente que Perú podría verse «imposibilitado» de supervisar el puerto debido a sus propietarios. Según la parte estadounidense, el megaproyecto desarrollado por la naviera estatal Cosco Shipping representa un riesgo, afirmando que «el dinero barato chino cuesta soberanía». Ante estas declaraciones, Pekín respondió con firmeza, señalando que se opone a cualquier intento de difamar sus inversiones en la región.
El puerto de Chancay, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, es una infraestructura estratégica con capacidad para un millón de contenedores anuales. El complejo pertenece en un 60% a la empresa china Cosco Shipping y en un 40% a la minera peruana Volcan. Esta composición accionaria ha despertado el recelo de Washington, que ve con preocupación la creciente influencia de la potencia asiática en el control logístico del Pacífico Sur.
Fallo judicial intensificó la tensión diplomática
La tensión diplomática se intensificó tras una sentencia del Poder Judicial peruano que delimitó las competencias de supervisión sobre el terminal. Un juzgado constitucional declaró fundada una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra el regulador Ositrán. El fallo ordena que el organismo se abstenga de regular, supervisar o sancionar las operaciones del terminal, estableciendo límites expresos a su intervención.
La resolución judicial argumenta que el puerto es un proyecto financiado íntegramente con capital privado, sin que exista un contrato de concesión previo. Por este motivo, el juzgado descartó considerar al terminal como una infraestructura estatal o concesionada bajo el régimen tradicional. No obstante, el fallo aclara que el terminal no queda exento de control, pues la Autoridad Portuaria Nacional (APN) mantiene la supervisión técnica y de seguridad.
Por su parte, el Gobierno peruano anunció que apelará la sentencia judicial, buscando recuperar facultades de fiscalización para Ositrán sobre el megaproyecto. Esta decisión fue respaldada indirectamente por Washington, que criticó la resolución al considerar que debilita la capacidad de supervisión estatal sobre un activo crítico. La postura estadounidense enfatiza que «no hay precio más alto que perder soberanía» ante inversiones extranjeras depredadoras.
Competencias de control
A pesar de la restricción impuesta a Ositrán, la sentencia contempla una excepción importante respecto a la intervención en las tarifas del puerto de Chancay. Esta solo procederá si Indecopi determina, mediante una decisión firme, que existe una ausencia de competencia en los servicios a los usuarios finales. De esta manera, el regulador solo podrá intervenir de forma excepcional y condicionada a los hallazgos del organismo de competencia.
Finalmente, el conflicto resalta la importancia geopolítica de Chancay como el futuro «hub» logístico que conectará a Sudamérica con el continente asiático de forma directa. Mientras China defiende el proyecto como una herramienta de desarrollo mutuo, Estados Unidos insiste en la necesidad de marcos regulatorios fuertes. La resolución de la apelación en las instancias superiores peruanas será determinante para definir el equilibrio entre inversión privada y control soberano.
