La empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP), operadora del megapuerto de Chancay, emitió un contundente comunicado en respuesta a las recientes advertencias del Gobierno de Estados Unidos. La compañía asiática aclaró que la naturaleza privada del terminal no compromete en absoluto la soberanía nacional del Perú ni genera un espacio de extraterritorialidad.
Desde la empresa se enfatizó que el puerto opera bajo las leyes peruanas y cuenta con la presencia permanente de diversas instituciones del Estado para su fiscalización. A su vez señaló que entidades como la Dirección Nacional Antidrogas, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Aduanas), la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Senasa mantienen oficinas dentro del terminal para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Cosco Shipping remarcó en un comunicado emitido este jueves que «su naturaleza privada no significa afectación alguna de la soberanía nacional; el puerto no tiene ninguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria», rechazando cualquier interpretación que sugiera un control foráneo desmedido en la infraestructura portuaria.
La controversia se originó luego de que el Departamento de Estado de EE.UU. señalara que «el dinero barato chino cuesta soberanía», advirtiendo sobre posibles riesgos de seguridad y falta de supervisión. Ante esto, la naviera china sostuvo que el terminal es una infraestructura que promueve la productividad del país sin eludir sus responsabilidades legales. La operadora reafirmó que el Estado peruano mantiene intactas sus atribuciones de control, tributarias y administrativas sobre cada operación realizada en el puerto.
Cosco Shipping se compromete con la transparencia
Cosco Shipping explicó que el reciente fallo judicial que limita la intervención de Ositrán no deja al puerto en un vacío regulatorio, como sugieren algunas voces críticas. Según la empresa, la Ley del Sistema Portuario Nacional establece que la supervisión técnica y de seguridad es responsabilidad de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). De este modo, la operadora sostiene que las funciones de fiscalización se mantienen vigentes, aunque bajo las competencias específicas que corresponden a un puerto de titularidad privada.
Al ser una inversión íntegramente privada, la empresa defiende su derecho a una gestión comercial autónoma, siempre que se respeten los estándares de seguridad nacionales e internacionales. Esta postura busca diferenciar la gestión tarifaria de la supervisión soberana, la cual —aseguran— nunca ha estado en discusión. Finalmente, la operadora del megapuerto de Chancay reiteró su compromiso con el desarrollo económico del Perú y la transparencia en sus procesos de inversión.
La empresa subrayó que el proyecto ha sido diseñado para convertir al país en el principal centro logístico de Sudamérica, atrayendo tecnología de punta y generando empleos. La empresa concluyó que continuará colaborando con todas las instancias del Gobierno peruano para demostrar que la eficiencia privada y el control estatal pueden coexistir exitosamente. La meta de Chancay sigue siendo optimizar la conexión marítima con Asia, reduciendo tiempos de transporte y costos logísticos para los exportadores.
