El Gobierno peruano ha proyectado un crecimiento económico del 3,2% para el año 2026, una cifra que busca transmitir confianza en medio de la incertidumbre política y los vaivenes del mercado internacional. Sin embargo, la gran pregunta es si este optimismo está respaldado por fundamentos sólidos o si responde más a una necesidad de mostrar estabilidad ante los inversionistas y la ciudadanía.
En los últimos años, el Perú ha atravesado una etapa de crecimiento moderado afectado por la inestabilidad política, la desaceleración de la inversión privada y la caída del consumo interno. Aunque algunos sectores —como la minería y la agroexportación— han mostrado resiliencia, la economía nacional sigue enfrentando retos estructurales: la informalidad, la baja productividad y la limitada diversificación productiva.
Proyectar un crecimiento superior al 3% puede parecer alentador, pero la confianza empresarial sigue frágil, y los proyectos de inversión pública avanzan a paso lento por la burocracia y la falta de gestión eficiente. Además, la recuperación del empleo formal no ha sido suficiente para impulsar un consumo interno robusto, mientras que el contexto internacional sigue siendo incierto, con precios de minerales fluctuantes y una economía global que aún no se estabiliza del todo.
Si el Gobierno realmente desea alcanzar esa meta, deberá enfocarse en políticas concretas: simplificación de trámites, incentivos a la inversión, fortalecimiento del sistema educativo y modernización de la infraestructura. Sin un cambio profundo en la forma de gestionar el Estado, las proyecciones podrían quedar solo en el papel.
La economía peruana tiene potencial, pero no puede vivir eternamente del optimismo ni de las proyecciones técnicas. Lo que el país necesita es credibilidad, estabilidad y resultados tangibles. De lo contrario, el 3,2% de crecimiento será solo una cifra más en el discurso político, no en el bolsillo de los peruanos.
