El crimen que vuelve a poner bajo sospecha el poder de las mafias y la capacidad de respuesta del Estado
Trujillo vuelve a estar en el centro de la noticia criminal del Perú. Pero esta vez no estamos solamente ante un secuestro.
Estamos ante una operación que, por su planificación, violencia y nivel de organización, obliga a formular una pregunta incómoda:
¿Hasta dónde han penetrado las mafias criminales en las estructuras del Estado?
Y hay una segunda pregunta todavía más delicada:
¿Cómo es posible que una organización criminal pueda planificar durante meses un secuestro, utilizar indumentaria similar a la Policía, ejecutar a cuatro personas y desaparecer con su objetivo, si las autoridades aseguran que ya tenían información sobre un posible secuestro?
UNA OPERACIÓN QUE NO PARECE IMPROVISADA
La madrugada del 30 de agosto, un grupo de delincuentes interceptó la camioneta en la que se desplazaba el empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla.
Los atacantes habrían simulado una intervención policial utilizando vehículos e indumentaria similar a la de agentes de la PNP. Después del falso operativo, asesinaron a cuatro personas que acompañaban al empresario y se llevaron a Lara Tantaquilla.
No fue un asalto improvisado.
La escena muestra características de una operación planificada: seguimiento, vehículos, armas, disfraces, conocimiento del desplazamiento de la víctima y una ruta de escape.
La propia Policía ha señalado que tenía información de inteligencia desde aproximadamente tres meses antes respecto a la preparación de un secuestro de gran magnitud. Incluso se habría advertido a empresarios y comerciantes considerados potenciales objetivos.
Y aquí aparece la primera gran interrogante.
Si existía información de inteligencia, ¿qué falló?
LA POLICÍA SABÍA QUE ALGO SE ESTABA PREPARANDO
El general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, confirmó que la institución manejaba información sobre la preparación de un secuestro desde meses antes.
La información, según la versión policial, no permitía determinar con precisión quién sería la víctima ni cuándo ocurriría el ataque.
Pero la pregunta sigue siendo inevitable:
¿Qué ocurrió entre la advertencia de inteligencia y el momento en que los delincuentes ejecutaron el secuestro?
Porque una cosa es saber que existe una amenaza.
Otra muy distinta es permitir que una organización criminal llegue hasta una víctima, la intercepte en plena ciudad, asesine a cuatro personas y escape.
LOS PULPOS, EN LA MIRA
La principal hipótesis de los investigadores apunta hacia Los Pulpos, una de las organizaciones criminales más conocidas de Trujillo y La Libertad.
La banda ha sido vinculada durante años con extorsiones, secuestros y sicariato. Además, investigaciones recientes muestran que su estructura criminal habría extendido operaciones fuera del Perú.
Pero los investigadores tampoco descartan otra posibilidad.
El móvil podría estar relacionado con disputas dentro de la cadena económica vinculada al oro y las actividades mineras en Pataz.
El empresario tenía antecedentes empresariales que están siendo revisados por los investigadores, incluida una investigación iniciada en 2020 relacionada con presunto lavado de activos proveniente del comercio de oro ilegal. Esto no significa que haya sido responsable de un delito ni demuestra que ese antecedente tenga relación con su secuestro. Precisamente por eso, esa línea debe ser investigada con pruebas y no con especulaciones.
EL DATO MÁS INQUIETANTE: ¿QUIÉN ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?
Aquí aparece uno de los puntos que más debería preocupar a las autoridades.
Para ejecutar una operación de esta magnitud, los delincuentes necesitaban información.
Información sobre la víctima.
Información sobre sus movimientos.
Información sobre sus acompañantes.
Información sobre sus horarios.
Y posiblemente información sobre los niveles de seguridad existentes.
Por eso, la investigación no debería limitarse a identificar a quienes dispararon o condujeron los vehículos.
También debe determinar quién proporcionó información y cómo llegó esa información a manos de los criminales.
Porque si se confirma que hubo filtración de información desde alguna institución pública, estaríamos ante un problema muchísimo mayor que el de una banda criminal.
Estaríamos hablando de corrupción institucional y penetración del crimen organizado en el Estado.
¿LAS MAFIAS ESTÁN LLEGANDO A LAS ALTAS ESFERAS?
Esta es la pregunta que el caso pone sobre la mesa.
No existe, hasta ahora, evidencia pública suficiente para afirmar que las mafias controlan las altas esferas de la Policía Nacional.
Pero tampoco sería responsable ignorar las señales de alarma.
El caso revela una organización criminal capaz de utilizar uniformes similares a los policiales, ejecutar una operación compleja y aprovechar información privilegiada.
Y existe otro elemento que aumenta las dudas.
La investigación sobre el caso ha estado acompañada por versiones contradictorias sobre la actuación y coordinación de las fuerzas de seguridad. Incluso se ha cuestionado públicamente la eficacia de la inteligencia policial en casos relacionados con organizaciones criminales.
Por eso, una investigación verdaderamente independiente debe responder una pregunta fundamental:
¿Estamos frente a una Policía infiltrada por el crimen organizado o frente a una Policía desbordada por organizaciones criminales cada vez más sofisticadas?
La diferencia es enorme.
EL PENAL TAMBIÉN APARECE EN EL MAPA
Las últimas investigaciones han puesto la mirada incluso en el sistema penitenciario.
Información difundida el 2 de septiembre señala que la orden del secuestro habría salido presuntamente de un penal de Chiclayo y que agentes de la Dirincri investigan a un interno vinculado a la mafia de Los Pulpos.
Si esta línea termina siendo confirmada por la investigación fiscal, aparecería otro problema estructural:
¿Quién controla realmente las organizaciones criminales: los delincuentes que están libres o quienes continúan dirigiendo operaciones desde las cárceles?
Porque un penal que permite coordinar secuestros, extorsiones y asesinatos desde el interior deja de ser solamente un problema penitenciario.
Se convierte en un centro de operaciones criminales.
CUATRO MUERTOS Y UNA CIUDAD ATERRADA
Mientras las investigaciones avanzan, cuatro personas fueron asesinadas.
El empresario continúa desaparecido.
Y Trujillo vuelve a enfrentarse a una realidad que ya no puede ser escondida detrás de estadísticas:
el crimen organizado tiene capacidad para desafiar directamente al Estado.
Lo más preocupante no es únicamente la violencia.
Es la capacidad de planificación.
Es la utilización de recursos.
Es el acceso a información.
Es la capacidad de infiltrarse o hacerse pasar por agentes del Estado.
Y es la posibilidad de que estas organizaciones tengan conexiones mucho más amplias de las que conocemos.
EL CASO NO PUEDE TERMINAR CON UNAS CUANTAS CAPTURAS
Capturar a los ejecutores será importante.
Pero no será suficiente.
La investigación debe llegar al autor intelectual.
Al financista.
A quienes proporcionaron información.
A quienes facilitaron vehículos, armas y uniformes.
A quienes pudieron alertar a los delincuentes.
Y, sobre todo, a quienes eventualmente hayan utilizado sus posiciones dentro del Estado para favorecer al crimen.
Porque si solamente se captura a los hombres que aparecen en las cámaras de seguridad, pero no se descubre quién ordenó la operación y quién permitió que ocurriera, el problema seguirá intacto.
EL PERÚ ESTÁ FRENTE A UNA ENCRUCIJADA
El secuestro de Jens Marty Lara Tantaquilla puede convertirse en uno de los casos criminales más importantes de los últimos años en el norte del país.
No solamente por el nivel de violencia.
Sino porque puede revelar hasta dónde llega realmente el poder de las organizaciones criminales.
¿Son mafias que actúan al margen del Estado?
¿O existen personas dentro de las instituciones que les facilitan información, protección o impunidad?
Esa respuesta no puede construirse con declaraciones políticas ni conferencias de prensa.
Tiene que construirse con inteligencia, investigación fiscal, análisis financiero, interceptaciones autorizadas judicialmente, revisión de comunicaciones, seguimiento del dinero y una investigación interna que llegue hasta donde tenga que llegar.
Porque si las mafias lograron infiltrarse en las instituciones, el enemigo no está solamente en las calles.
Y si no existe infiltración, las autoridades tienen que demostrar por qué organizaciones criminales pueden operar con semejante nivel de información y planificación.
Trujillo no necesita solamente más policías.
Necesita recuperar la confianza en sus instituciones.
Y esa confianza comienza cuando el Estado demuestra que nadie —por más poderoso que sea— está por encima de la ley.
Redacción Leo Benavente Ibañez
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