Esperanza y escándalo, las dos caras de las vacunas contra el coronavirus

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Las vacunas que comenzó a recibir y a aplicar la semana pasada dieron a Perú una nueva esperanza en medio de una segunda ola de coronavirus que, aunque es bastante menor que la primera en términos cuantitativos, volvió a desnudar la precariedad de la infraestructura sanitaria y a acercar al país al borde del colapso de unidades de terapia intensiva y oxígeno medicinal.

Pero al mismo tiempo, la llegada de las vacunas destapó un escándalo que involucra al expresidente Martín Vizcarra -destituido por el Congreso en noviembre pasado- y que en pocas horas ya le costó al actual mandatario, Francisco Sagasti, la renuncia de dos ministras, entre ellas nada menos que la de Salud, Pilar Mazzetti.

Perú fue uno de los últimos países de Sudamérica en recibir vacunas contra el coronavirus, al arribar el 7 de este mes las primeras 300.000 dosis de la del laboratorio chino Sinopharm y el sábado último, otras 700.000 del mismo medicamento.

Esas vacunas comenzaron a aplicarse el martes pasado, en momentos de gran preocupación por la segunda ola de Covid-19 que el país atraviesa desde fines de enero y que, según dijo Mazzetti entonces, muestra «un comportamiento más agresivo» que la primera.

A la vez, esa segunda ola coincide con una alta tasa de ocupación de las unidades de terapia intensiva, según advirtió ya a mediados de enero la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), y con una escasez de oxígeno medicinal que causó colas de hasta 72 horas, tal como lo documentó la prensa local e internacional en los últimos días del mes pasado.

Lo llamativo es que esas señales de alarma coexisten con una sustantiva mejora de las estadísticas de contagios y muertes de coronavirus.

Perú tenía a mediados de la semana pasada 42.656 casos activos de Covid-19, bastante más que los cerca de 25.000 que registraba a fines de diciembre pero muy por debajo de los más de 165.000 que llegó a computar a fines de agosto de 2020, según datos del Ministerio de Salud.

Asimismo, las estadísticas lo muestran últimamente alejado de los primeros lugares que llegó a ocupar por cantidad de casos confirmados y de muertes por la enfermedad, y sobre todo por la tasa de decesos en relación con la cantidad de habitantes, por la que meses atrás llegó a ser el primero en todo el mundo.

A mitad de la semana pasada era quinto en América latina y decimoctavo en el mundo por cantidad de casos acumulados desde el comienzo de la pandemia, 8vo. y 33ro. por contagios activos, 5to. y 14to. por infecciones activas críticas y 7mo. y 55to. por casos acumulados cada 100.000 habitantes, según las bases de datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins y el sitio Worldometers.

Paralelamente, era 5to. y 15to. por muertes causadas por la enfermedad, 2do. y 18vo. por defunciones cada 100.000 habitantes y 4to. y 19no. por la proporción entre fallecimientos y casos confirmados, de acuerdo con las mismas fuentes.

Acaso esa contradicción entre la mejora estadística y las señales de alarma pueda explicarse en la gestión de Vizcarra, quien dejó el Gobierno con una alta tasa de popularidad pero también con críticas de políticos y analistas.

«En el frente sanitario no se movió oportunamente para adquirir pruebas moleculares y se fue sin comprar una sola vacuna; dejó en situación muy vulnerable al país», afirmó Alonso Segura -quien fue ministro de Economía en 2014-16, durante el Gobierno de Ollanta Humala- a Télam.

Segura agregó que la reacción ante la primera ola de coronavirus «fue un poco lenta» y «el principal error fue que la cuarentena fue demasiado severa y, dadas las características de una economía muy informal y hogares muy hacinados, cerrar no iba a garantizar evitar la propagación del virus, y así ocurrió», agregó Segura.

Mientras tanto, la llegada de las primeras vacunas desató un escándalo a partir de que la prensa local revelara el jueves que Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz, fueron inmunizados en octubre pasado.

Vizcarra explicó que tanto él como su mujer fueron inoculados en el contexto de los ensayos clínicos de Sinopharm en el país, pero la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), a cargo de esas pruebas, aseguró que ni el entonces mandatario ni Díaz formaron parte de los 12.000 voluntarios que se sometieron al experimento.

El caso se llevó puesta el viernes a Mazzetti -pese a que sostuvo que no se había enterado de la vacunación de Vizcarra- para evitar una moción de censura del Congreso, y anoche a la canciller, Elizabeth Astete, quien admitió que recibió una vacuna de Sinopharm de enero y argumentó que creyó que se trataba de una dosis remanente de las que se habían utilizado para los ensayos clínicos.

El escándalo provocó también la creación de dos comisiones investigadoras -una, en el ámbito del Congreso y la otra, en el Ministerio de Salud- que seguirán de cerca el destino de las vacunas recién llegadas e indagarán cuántos funcionarios, y cuáles, fueron inmunizados de manera indebida.

Perú afronta la pandemia en el contexto de una crisis política y una debilidad económica sin precedentes en lo que va del siglo.

Por un lado, Sagasti -el cuarto presidente en lo que va del presente período quinquenal de Gobierno- aspira a entregar el poder el 28 de julio a quien surja del proceso electoral ya en marcha y no exento de polémicas, con el candidato con mayor intención de voto en las encuestas, el exfutbolista George Forsyth, por ahora inhabilitado por la autoridad electoral.

Por otro, la economía fue una de las que más se contrajo el año pasado en todo el mundo, con una caída del orden de 12% y, según dijo Segura, una disminución del empleo de «cerca de 70% u 80%» y un aumento de la pobreza «de 20% a 28% o 30%».

Los últimos dos datos «son muy importantes» porque «los indicadores de bienestar han sufrido más» que los del conjunto de la economía «y su recuperación va a ser más gradual», de modo que «el empleo va a ir recuperándose pero va a ser más precario que en el pasado», advirtió Segura.

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