La reciente imposibilidad de importar vehículos con tecnología Euro 6 al Perú vuelve a poner sobre la mesa un problema que va mucho más allá del sector automotor: la falta de coordinación entre la política energética, la regulación ambiental y la realidad operativa de la industria automotriz.
Lo que debería representar un avance en materia de reducción de emisiones y modernización del parque vehicular termina convirtiéndose, paradójicamente, en una barrera para la renovación de unidades nuevas.
Una regulación que no conversa con la realidad
Como ha señalado Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la situación es “gravísima”. El problema, según el representante del gremio, está relacionado con la falta de previsión y con decisiones regulatorias que no toman en cuenta los tiempos reales con los que trabaja la industria.
Y ese punto es fundamental.
La fabricación y comercialización de un vehículo no funciona como una operación inmediata. Los fabricantes y representantes de marca planifican sus pedidos con muchos meses de anticipación, en algunos casos con más de un año. Por ello, cualquier modificación importante en las condiciones de importación debe considerar necesariamente los ciclos de producción, transporte, homologación y distribución.
Cuando una regulación cambia sin ese periodo de transición, el impacto no queda limitado a las empresas. También puede afectar la disponibilidad de vehículos, las inversiones, los precios y, finalmente, al consumidor.
El problema del combustible
Aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.
El Euro 6 es una tecnología desarrollada para reducir significativamente las emisiones contaminantes de los motores de combustión. Sin embargo, para que estos vehículos funcionen adecuadamente, necesitan combustibles compatibles con sus exigencias tecnológicas, particularmente combustibles con niveles muy bajos de azufre.
Es decir, no basta con exigir vehículos más limpios.
También es necesario contar con el combustible que permita que esa tecnología funcione correctamente.
Si el país establece estándares vehiculares más exigentes sin garantizar simultáneamente la disponibilidad nacional de combustibles compatibles, se genera un desajuste entre dos políticas que deberían avanzar juntas.
¿Quién termina pagando el costo?
La consecuencia más preocupante es que una medida concebida para acelerar la modernización del parque automotor puede terminar produciendo el efecto contrario.
Perú todavía mantiene una flota vehicular envejecida. Impedir o dificultar la llegada de vehículos modernos puede prolongar la permanencia de unidades antiguas que, precisamente, generan mayores emisiones y presentan menores niveles de seguridad.
El dilema es evidente: ¿qué resulta ambientalmente más conveniente, permitir la llegada de vehículos nuevos con tecnología avanzada o mantener durante más tiempo vehículos antiguos y contaminantes?
La respuesta debería formar parte de una política pública integral y no de decisiones aisladas.
La industria necesita previsibilidad
El sector automotor no cuestiona necesariamente la necesidad de avanzar hacia estándares ambientales más exigentes. Por el contrario, una industria moderna necesita reglas que impulsen tecnologías más eficientes, seguras y menos contaminantes.
Lo que reclama es previsibilidad.
Una marca no puede modificar de un día para otro sus planes de producción global. Los pedidos se programan, los vehículos se fabrican, se embarcan y posteriormente atraviesan procesos de homologación e importación.
Por eso, cuando un país modifica las reglas sin establecer periodos de transición razonables, puede terminar generando vehículos que fueron producidos específicamente para su mercado, pero que luego enfrentan dificultades para ingresar.
Una oportunidad para corregir el rumbo
El problema del Euro 6 debería servir como una llamada de atención.
Perú necesita una estrategia integral que conecte combustibles, emisiones, regulación, infraestructura, transporte y renovación del parque automotor. No tiene sentido avanzar rápidamente en un componente mientras otro permanece rezagado.
La transición tecnológica del transporte tampoco será exclusivamente eléctrica. Durante los próximos años convivirán vehículos eléctricos, híbridos y motores de combustión cada vez más eficientes. Por ello, elevar los estándares de emisiones debe formar parte de una hoja de ruta realista y técnicamente coherente.
El objetivo debería ser claro: contaminar menos, renovar el parque automotor y brindar seguridad jurídica a quienes invierten en el país.
Perú no puede darse el lujo de improvisar
El caso Euro 6 demuestra que la política automotriz no puede diseñarse de manera aislada.
Si el país quiere vehículos más limpios, debe garantizar combustibles adecuados. Si quiere renovar su parque automotor, debe facilitar la llegada de tecnologías modernas. Y si pretende atraer inversiones, debe ofrecer reglas claras y previsibles.
La discusión, por tanto, no debería ser simplemente Euro 6 sí o Euro 6 no.
La verdadera pregunta es mucho más importante:
¿Está Perú preparado para acompañar con infraestructura, combustible y regulación la modernización tecnológica que exige su industria automotriz?
Porque si la respuesta es no, el riesgo es terminar castigando precisamente a las tecnologías que deberían ayudar al país a construir un transporte más limpio, seguro y eficiente.
La modernización del parque automotor no se puede decretar. Se debe planificar.
Redacción Leo Benavente Ibañez
