Rafael López Aliaga: Los artificios en defensa de su monopolio ferroviario

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El candidato de Renovación Popular recurrió a argucias políticas y judiciales para mantener su posición de dominio en el servicio de transporte ferroviario de Cusco a Machu Picchu, que le concedió en exclusividad el régimen de Alberto Fujimori violentando las normas.

Por Álvaro Meneses

Durante la campaña electoral en curso, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha destacado sus cualidades como empresario. Incluso ha precisado que tiene más capital que su competidor César Acuña, pero se guarda los detalles de cómo se convirtió en el rey del transporte ferroviario en el Cusco, lo que le ha permitido convertirse en uno de los hombres más adinerados del país. En 1999, durante el régimen de Alberto Fujimori, en un periodo de privatización compulsiva, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entregó a la compañía Ferrocarril Transandino S.A (Fetrans) la concesión para la rehabilitación, construcción, mantenimiento y explotación de la infraestructura ferroviaria del Cusco. Luego, Fetrans se asoció con PeruRail de López Aliaga y le alquiló el 50% de la concesión.

En ese entonces, Rafael López ya tenía varios años en el sector privado. Su paso por altos cargos en Scotiabank, Citibank y el Grupo Alicorp consolidaron su fama de banquero. Después refundó la compañía PeruVal para dedicarse a la bolsa de valores y presidió desde 1991 el directorio de Peru Holding de Turismo S.A.A (PHTSAA), cargo en el que estuvo hasta setiembre de 2020 y que junto a la cadena hotelera inglesa Belmond Ltd es copropietaria del Monasterio San Antonio de Abad, los hoteles Palacio Nazarenas, Machu Picchu Sanctuary Lodge, Río Sagrado y un terreno de 3.5 hectáreas cerca al Río Urubamba.

Pero cuatro años después, en 2004, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) observó que Fetrans le había negado un pedido de alquiler a Fersimsac, una tercera empresa que buscaba entrar al mercado ferroviario de Machu Picchu para competir con PeruRail. En este caso Ositran había identificado una posible infracción de Fetrans contra las normas de libre competencia y pidió al Indecopi un informe al respecto.

Es así que la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), identificó una serie de “barreras estratégicas” impuestas por Fetrans que ponían en desventaja a Fersimsac. Indecopi descubrió que PeruRail le pagaba a Fetrans por el alquiler un “costo significativamente menor”, con lo que consolidaban una posición de dominio. “Ante un escenario en el que se presentara un potencial competidor (…), el grupo económico (Fetrans-PeruRail) podía responder reduciendo el precio del alquiler pactado entre ellos”, sostiene el informe.

Pese a las evidencias técnicas identificadas, para la Comisión de Defensa de la Libre Competencia el motivo por el que Fetrans se negó a alquilarle parte del mercado a Fersimsac se justificó en el circular 17 del contrato de concesión que permitió de manera excepcional que Fetrans, a través de su socia PeruRail, participe en la prestación de servicios de transporte con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones. Finalmente, el Tribunal de Indecopi le impuso una multa de 165,9 UIT a la dueña de la concesión.

Para John Carmona Carmona, abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard que analizó dicho contrato de concesión, la posición de dominio de PeruRail fue permitida por el proceso de privatización que el gobierno de Fujimori diseñó y aplicó, muchas veces en beneficio de los empresarios como Rafael López Aliaga. “Se hubiera podido hacer un proceso de más calidad para evitar una situación como esa (la posición de dominio), pero los hechos apuntan a que el principal interés era deshacerse de la propiedad pública de manera rápida, antes que promover un mercado privado competitivo”, explicó Carmona.

En adelante, el hoy candidato presidencial Rafael López Aliaga emprendió una serie de artificios judiciales y políticos con el fin de derribar las normas que buscaban la libre competencia en el mercado ferroviario del Cusco y mantener intacto su monopolio por más de 20 años.

ATAQUE A LA LEY

Tres años después de la sanción de Indecopi, en setiembre de 2007, a través del Decreto Supremo 031 el MTC otorgó licencias a las empresas Inka Rail y Andean Railways para que operen en las vías férreas del Cusco. Como respuesta, ese mismo año la compañía de López Aliaga, PeruVal Corp. (con el 50% de acciones de Fetrans), presentó una demanda de acción de amparo ante el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) –su zona de dominio- contra la decisión del MTC para que nadie interrumpa su monopolio.

“El decreto supremo 031-2007 del MTC modificó el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, reduciendo requisitos excesivos para la obtención del permiso de un ferrocarril. El argumento de PeruRail fue que ese decreto supremo abría el mercado a empresas diminutas, que resultaba en la mala calidad del servicio y el perjuicio a los usuarios. Este es un argumento similar al utilizado por los grandes comercializadores del oxígeno medicinal durante el segundo gobierno de Alan García”, señaló el abogado de Harvard, John Carmona.

Y así fue. El 13 de octubre de 2008, el Juzgado Mixto de Wanchaq declaró fundada su demanda y dejó sin efecto el decreto supremo 031-2007. Entre los argumentos de PeruVal Corp S.A., los artículos 106 y 109 de dicha norma “amenazan sus derechos a la seguridad jurídica” y se estaría “abriendo el mercado a empresas pequeñas lo que ocasionará una mala calidad del servicio”.

Sin embargo, la resolución a favor de PeruVal Corp. fue apelada por el Viceministerio de Transportes del MTC y llegó hasta el Tribunal Constitucional. El 31 de marzo de 2009, con cuatro votos alineados, el TC declaró nulo todo el proceso porque no se notificó debidamente a la Procuraduría Pública del MTC. El abogado de PeruVal Corp. a cargo del proceso y defensor personal de López Aliaga, fue Edward Yábar Gutiérrez, excandidato al Congreso por Solidaridad Nacional.

Con el mal sabor de la derrota judicial, Rafael López Aliaga dirigió su artillería legal al exviceministro de Transportes, Carlos Miguel Puga Pomareda, cuatro de sus funcionarios y al Consejo Directivo de Ositran, por la aprobación del decreto supremo que permitió el ingreso de la competencia en el mercado ferroviario. Esas son algunas de las más de 170 demandas que presentó el empresario ante el Ministerio Público y que lo ubican como uno de los mayores litigantes del país.

UNA NORMA A LA MEDIDA

Dos años después, el empresario entonces regidor municipal de Alianza Nacional encontró otra ruta para intentar proteger sus negocios en el mercado ferroviario del Cusco: el Congreso. En 2009, cuatro parlamentarios de su mismo partido presentaron el proyecto de ley 3226 que proponía impedir la modificación de los contratos de concesión suscritos con el Estado peruano y derogar el decreto supremo 031-2007-MTC.

Con las firmas de los legisladores Juan Perry Cruz, Fabiola Morales Castillo, Michael Urtecho Medina y Walter Menchola Vásquez, la propuesta  buscó retirar del mercado ferroviario a las empresas competidoras Inca Rail y Andean Railway. En Junta de Portavoces, la mayoría votó por exonerar el proyecto del debate en la Comisión de Transportes, y en menos de 12 días, llegó a la agenda del Pleno del Congreso. Hasta que se activaron las alertas.

Mientras que Ositran advirtió en un informe que dicho proyecto sería inconstitucional y que favorecería a un grupo económico específico –el de López Aliaga-, desde el Congreso la Comisión de Ética abrió una investigación contra la parlamentaria Fabiola Morales por haber recibido la propuesta de ley que favorecería a PeruRail. De acuerdo con las denuncias de la Asociación Peruana de Operadores Ferroviarios (APOFER), López Aliaga habría sido el autor del proyecto y se lo habría enviado a Morales quien presentó la iniciativa como si fuera suya.

Buscamos las versiones de Fabiola Morales y Rafael López Aliaga a través del jefe de prensa del partido, pero no hemos recibido respuesta hasta el cierre de este reportaje. El proyecto de ley a la medida fue finalmente enviado al archivo. Fabiola Morales ahora es dirigente del partido de López Aliaga y postula al Congreso por la misma organización.

RECLUTAR AL ENEMIGO

En 2019, desde una audiencia en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, la entonces congresista Nelly Cuadros Candia (ex Fuerza Popular) le planteó las siguientes preguntas al público: “¿Qué acciones concretas vamos a tomar? ¿Se va poner fin al monopolio hacia los accesos para poder ver el patrimonio mundial de Machu Picchu?”.

En ese evento, Nelly Cuadros estaba acompañada por los excongresistas Miguel Elías (FP), Modesto Figueroa (FP), Armando Villanueva (AP) y Edgar Ochoa (FA), así como elexdirector general de Ferrocarriles del MTC, Ángel Botino Mayorga, y el gerente general de Fetrans, César del Carpio Polar. Todos fueron testigos de la postura de Cuadros contra el monopolio de PeruRail sobre los trenes del Cusco.

Tal era la consigna que en 2019 Cuadros expresó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso su intención de crear un grupo investigador para las presuntas irregularidades e incumplimientos cometidas por PeruRail sobre el contrato de concesión. Sin embargo, tras una ruptura con el partido de Keiko Fujimori, se unió a las filas del partido de López Aliaga, Solidaridad Nacional, postuló a las elecciones congresales del 2020, y no volvió a hablar más del tema.

El político cusqueño Edgar Ochoa Pezo, quien fue congresista al mismo tiempo que Nelly Cuadros, es uno de los testigos de su repentino silencio. “Es evidente que su posición (de Nelly Cuadros) frente al monopolio de PeruRail en aquella época era utilitaria. Tenía solo el interés de intentar posicionar al fujimorismo en una supuesta lucha contra los monopolios. En su desesperación de seguir manteniéndose en un poder político, no tiene ninguna vergüenza en cambiar de posición y estar del lado de quien criticaba”, expresó Ochoa a Wayka.

Mientras el monopolio ferroviario de Rafael López Aliaga se mantuvo intocable por casi una década, su actual candidatura presidencial pende de un hilo luego de que el Jurado Especial Electoral de Lima (JEE) Centro 1 decidiera excluirlo por faltar a una de las reglas electorales, como prometer entrega de bienes durante la campaña. La decisión final está en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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