La controversia en torno a la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continúa generando fricciones entre Lima Airport Partners (LAP) y el Estado peruano. La disputa surge ante la posibilidad de que el Gobierno revise la metodología empleada para calcular este cobro, lo que, según la concesionaria, afectaría el equilibrio económico del contrato.
LAP ha advertido que, de concretarse algún cambio unilateral, podría recurrir a un arbitraje internacional para hacer valer los términos establecidos en el acuerdo de concesión. La compañía sostiene que la tarifa de conexión resulta esencial para recuperar la millonaria inversión destinada a la construcción y operación del nuevo terminal aéreo, una de las obras de infraestructura más importantes del país.
El CEO de Lima Airport Partners (LAP), Juan José Salmón, advirtió que cualquier modificación en la metodología o una fijación tarifaria arbitraria por parte de Ositran o del Ejecutivo podría llevar a la empresa a acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). “Si ocurriera cualquiera de esas dos cosas, lamentablemente sería la primera vez que iremos a un litigio contra el Estado”, declaró.
Según explicó, la metodología aplicada para calcular la TUUA se basa en el enfoque de costos totalmente distribuidos, que considera las inversiones (Capex) y los gastos operativos (Opex) según el reglamento tarifario vigente. Salmón enfatizó que los equipos técnicos de Ositran ya elaboraron un informe que debería aprobarse sin influencias políticas. El inicio del cobro, previsto originalmente para el 27 de octubre, fue postergado al 7 de diciembre tras un acuerdo con el MTC, que pidió más tiempo para revisar la normativa.
Posturas enfrentadas entre Ositran y aerolíneas
El debate se intensificó tras la decisión del Consejo Directivo de Ositran, que el 13 de octubre rechazó por mayoría el informe técnico que sustentaba la tarifa. Los consejeros Claudia Salaverry y Javier Masías argumentaron que el cobro tendría un “impacto significativo” en la competitividad del aeropuerto frente a otros de la región. Asimismo, señalaron que no existe una justificación suficiente, pues los costos del servicio podrían estar ya cubiertos por la TUUA de origen.
Inicialmente programado para el 27 de octubre, el cobro fue postergado hasta el 7 de diciembre luego de un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que solicitó más tiempo para revisar la normativa. Aerolíneas como Sky Perú y Latam Airlines expresaron su preocupación, advirtiendo que la medida podría afectar la rentabilidad de diversas rutas y la conectividad del país.
La aerolínea Latam incluso evalúa suspender cuatro nuevas operaciones si el conflicto por la TUUA no se resuelve favorablemente. Ante ello, la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, precisó que cualquier cancelación de vuelos responde a una “decisión de negocio” propia de las aerolíneas y no a un problema de infraestructura.
Conversaciones con el Ejecutivo
Respecto a la TUUA aplicada a las conexiones nacionales, LAP ha confirmado que mantiene conversaciones activas con el Estado peruano para reevaluar dicho esquema de cobro. El Ejecutivo baraja la posibilidad de eliminar o reducir esta tarifa para los pasajeros que realizan conexiones internas. No obstante, si la tarifa llegase a ser reducida a cero, el Estado tendría que compensar a LAP por los ingresos dejados de percibir.
El ejecutivo explicó que la retribución se haría mediante un ajuste en el pago que la concesionaria efectúa al Estado. A pesar del tenso clima de negociación y las advertencias legales de arbitraje, LAP confirmó que la aplicación del cobro de la TUUA de transferencia internacional se ejecutará a partir del 7 de diciembre de 2025.
Esta fecha se estableció previamente en la adenda 6 del contrato de concesión que rige la operación del aeropuerto. El futuro del principal terminal aéreo del Perú se encuentra actualmente en un complejo debate. La discusión oscila entre la necesidad de asegurar la inversión privada, la adecuada regulación estatal y el impacto directo en la competitividad del sector del transporte aéreo nacional.
