La reciente muerte de un joven durante la marcha del 15 de octubre ha conmocionado al país y encendido nuevamente el debate político en torno al manejo de las protestas y la responsabilidad del Estado. Sin embargo, más allá del dolor y la indignación ciudadana, el suceso ha sido rápidamente convertido en un instrumento político por sectores de la izquierda, que buscan sacar provecho de la tragedia para reforzar su discurso contra el gobierno.
A través de redes sociales y declaraciones públicas, diversas figuras políticas y organizaciones afines han intentado presentar el hecho como una prueba definitiva de “represión estatal”, sin esperar los resultados de las investigaciones fiscales ni considerar la complejidad de los hechos ocurridos. Este tipo de aprovechamiento político de la tragedia no solo polariza aún más al país, sino que también instrumentaliza el dolor de una familia que hoy exige justicia, no manipulación.
La estrategia no es nueva. En los últimos años, hemos visto cómo ciertos sectores políticos utilizan los momentos de crisis social para posicionar agendas ideológicas, movilizar simpatías y ganar presencia mediática. El problema surge cuando el interés partidario supera el respeto por la verdad y por las víctimas.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer los hechos. Los peritajes y testimonios serán claves para determinar responsabilidades y evitar que la opinión pública se construya sobre versiones parciales o tendenciosas.
La muerte de un ciudadano en una manifestación nunca debe convertirse en un trofeo político. El país necesita justicia, no manipulación. La izquierda —y toda fuerza política— debe recordar que el respeto por la vida y por la verdad está por encima de cualquier cálculo electoral.
