El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, lanzó una advertencia sobre cómo la creciente inseguridad ciudadana está golpeando la economía nacional. Durante la presentación del Reporte de Inflación de marzo, el economista afirmó que la criminalidad ya afecta directamente las decisiones de inversión y consumo en el país. Para el titular del ente emisor, la gravedad de la situación actual no deja lugar a dudas sobre sus efectos negativos.
Velarde fue enfático al señalar que la protección de la vida humana debe ser la prioridad absoluta del Estado, incluso si esto implica un menor dinamismo en las cifras macroeconómicas. En una de sus declaraciones más destacadas, el funcionario manifestó su postura ética frente a la crisis de violencia que atraviesa el Perú. Según sus palabras: «Prefiero tener medio punto menos de crecimiento, pero que a la gente no la maten».
Esta postura refleja una preocupación profunda por el deterioro del entorno social, el cual trasciende las simples métricas de producción anual. El presidente del BCRP sostuvo que la seguridad debe prevalecer por encima del crecimiento económico, pues la situación es crítica. «Uno no puede tener gente siendo asesinada por no pagar», afirmó Velarde al enfatizar que este problema debe abordarse como una prioridad social urgente.
Migración de emprendedores por extorsiones
El titular del BCR explicó que el aumento de delitos como la extorsión está provocando que muchas familias y emprendedores opten por retirar sus inversiones del territorio peruano. Velarde ilustró este fenómeno con casos concretos de comerciantes que abandonan sus negocios ante las constantes amenazas recibidas. Muchos empresarios, tras iniciar un proceso de protección para sus familias enviándolas al extranjero, terminan reubicándose también fuera del país.
Este proceso de migración forzada por la violencia tiene un impacto directo en la formación de capital y el desarrollo de nuevos proyectos en el Perú. De acuerdo con el análisis de Velarde, una vez que los inversionistas tienen «un pie afuera», comienzan a irse definitivamente, reduciendo la inversión local. El deterioro de la seguridad ciudadana se convierte así en una barrera invisible que desalienta la permanencia de los capitales nacionales.
La criminalidad no solo genera temor, sino que encarece significativamente la operación de cualquier empresa debido a los altos costos preventivos que deben asumir. El economista mencionó que, aunque es difícil medir con precisión el costo total, existen estimaciones que sitúan los gastos en seguridad en torno al 2% de la producción. Esta carga financiera representa un lastre pesado para la competitividad de diversos sectores productivos.
Costo de la criminalidad y la desconfianza del inversor
Para ejemplificar la dificultad de producir en entornos inseguros, Julio Velarde planteó una analogía sobre los riesgos que enfrentan los sectores extractivos y ganaderos. «¿Usted crearía ganado en una zona de abigeos?», cuestionó el funcionario para mostrar que la delincuencia frena el aprovechamiento de los recursos. Aunque el impacto exacto es complejo de cuantificar, el titular del Banco Central reiteró que el resultado para el país es obviamente negativo.
La desconfianza generada por la falta de orden público afecta la planificación a largo plazo, ya que el riesgo país se percibe de forma distinta desde la óptica del inversionista cotidiano. Al aumentar los gastos operativos para proteger activos y personal, la rentabilidad de los negocios se ve comprometida, limitando su capacidad de expansión. En este contexto, la inseguridad actúa como un impuesto indirecto que frena el potencial de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, el presidente del Banco Central de Reserva de Perú concluyó que el clima de paz es un requisito indispensable para que las proyecciones de crecimiento se materialicen de forma sostenible. Sin una estrategia eficaz contra la criminalidad, el país corre el riesgo de seguir perdiendo a sus talentos y empresarios más valiosos.
