Los principales gremios empresariales del país expresaron su preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis energética generada tras la fuga y deflagración de gas en el yacimiento de Camisea, en Cusco. Tanto la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) como la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) advirtieron que las disposiciones del Ejecutivo podrían terminar afectando la actividad educativa y productiva del país.
El pronunciamiento se produce luego de que el Gobierno implementara medidas como clases virtuales y teletrabajo obligatorio en el sector público, en el marco de la emergencia por el suministro de gas natural. Los gremios pidieron que se prioricen soluciones rápidas y focalizadas para minimizar el impacto en la educación y la economía, subrayando la necesidad de preservar la continuidad de las actividades productivas mientras se gestiona la crisis energética.
Confiep alerta sobre impacto de restricciones
Mediante un comunicado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) reconoció la gravedad de la interrupción en el suministro de gas. Sin embargo, el gremio cuestionó que la respuesta del Gobierno incluya restricciones a la presencialidad en actividades que podrían continuar operando con normalidad. El gemio enfatizó que estas medidas podrían tener efectos negativos en sectores esenciales como la educación y la producción.
Confiep explicó que el suministro de gas natural domiciliario no está comprometido y destacó que el sistema eléctrico nacional cuenta con centrales de emergencia capaces de garantizar el abastecimiento. Además, precisó que los sobrecostos de generación derivados de la contingencia no serán trasladados a los clientes regulados, lo que busca minimizar el impacto económico en la población.
“Los niños del Perú ya pagaron un costo muy alto con el cierre prolongado de escuelas en años recientes. Miles de familias no cuentan con conectividad ni con dispositivos para la virtualidad, y los más pequeños necesitan el vínculo presencial para su desarrollo”, señaló el gremio empresarial. También advirtió que suspender las clases presenciales podría transmitir un mensaje preocupante sobre la importancia de la educación en momentos de crisis.
Asimismo, indicó que las restricciones generalizadas a la actividad laboral repercuten en el funcionamiento de las empresas. “Las instituciones educativas y las empresas privadas que puedan seguir operando con normalidad deben tener la libertad de hacerlo”, señaló Confiep. El gremio pidió al Ejecutivo priorizar medidas rápidas y focalizadas que permitan atender la emergencia sin paralizar actividades que pueden operar con normalidad.
ComexPerú también cuestiona medidas del Gobierno
Por su parte, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) manifestó su profunda preocupación e indignación ante las recientes disposiciones del Ejecutivo para enfrentar el desabastecimiento de gas natural. En un comunicado, el gremio calificó como una “medida inaudita” que la respuesta estatal ante la crisis energética sea, en la práctica, “detener el funcionamiento normal del país”.
“El Perú no puede darse el lujo de paralizar su actividad educativa, productiva y económica cada vez que se presenta una contingencia de esta naturaleza”, señaló ComexPerú. La organización consideró inaceptable que se pretenda detener la educación y la economía ante cada crisis, y alertó que la solución virtual no resuelve el problema de fondo ni refleja previsión por parte de las autoridades.
“Estas decisiones –que implican una paralización parcial de la economía y alteran el normal funcionamiento del país– solo cargan los costos de las malas políticas públicas a estudiantes, familias, empresas y trabajadores”, indicó el gremio. Recordó que el Estado tiene la obligación legal y social de garantizar la continuidad de los servicios, el comercio y las operaciones productivas, pilares clave para la estabilidad del país.
ComexPerú enfatizó que las medidas que trasladan el peso de la crisis a la ciudadanía y al sector productivo no pueden ser la respuesta principal ante estos incidentes. Por ello, exigió al Gobierno dar marcha atrás y aseguró: “Nuestro país necesita respuestas que aseguren la continuidad del suministro energético y que reflejen una gestión responsable de su infraestructura crítica”.
